Al Ministerio Público y a la Asamblea Legislativa se suma el Ministerio de Economía con Impuestos Nacionales, que investigará la posible evasión de los tributos de las empresas
A tres días de conocidos los supuestos nexos de 95 empresas bolivianas en el caso de los papeles de Panamá, los presuntos delitos de evasión de impuestos serán investigados por tres instancias del Estado. El Ministerio Público, el Órgano Legislativo, y ahora, el Poder Ejecutivo con el Ministerio de Economía.
Ayer, el ministro de Economía, Luis Arce, se sumó a las averiguaciones que se propuso el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, que creó una comisión de fiscales que viajará a Panamá para pedir mayor información de su par en ese país. También indagará los más de 11 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, firma que se dedicaría a crear empresas en paraísos fiscales, según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
El martes, el vicepresidente Álvaro García oficializó la creación de una comisión parlamentaria en la que intervendrán asambleístas de la oposición y el oficialismo. Esta comisión será creada mañana, durante la 8va. sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa y convocará a todos los involucrados.
Impuestos Nacionales
Luis Arce señaló que uno de los retos que debe encarar el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en la persona del nuevo presidente de la entidad, Mario Cazón, quien fue posesionado este miércoles, es indagar el “famoso tema Panama Papers” en el ámbito de su competencia.
“Somos parte del Órgano Ejecutivo y estamos entrando recién a la investigación. El SIN va a hacer el seguimiento de esos negocios que pudieran haber tenido con instituciones bolivianas radicadas en el país con el objeto de evadir o eludir impuestos del país, manipulando balances con endeudamientos ficticios que puedan representar una menor utilidad y menor pago de impuestos”, expresó Arce.
En ese sentido, apuntó a las triangulaciones y operaciones directas con estas empresas offshore constituidas, que no solamente están en Panamá, sino también en Islas Caimanes, las Bahamas y otros “paraísos fiscales”.
El Órgano Ejecutivo cree que los recursos que se han generado en el país, han sido saqueados.
“Los bolivianos aportamos a la generación de excedentes económicos pero que fueron transferidos inescrupulosamente para beneficio de algunas personas que aprovecharon su poder y posición. Hoy eso debe acabar y se debe desnudar ante el país, quiénes fueron los que saquearon los recursos, sino aquellos recursos que generamos los bolivianos con nuestro trabajo y que se iban como excedentes con estas operaciones”, dijo el ministro de Economía.
En Cancillería
En las últimas horas, dos estudios jurídicos involucrados en los papeles de Panamá que desveló el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) rechazaron que estén creando empresas irregulares, respaldando sus actividades fuera del país, con documentación que se guarda en la Cancillería boliviana, a través del consulado en Panamá.
Mauricio Ipiña, representante del Grupo Legal Ipiña Nagel y Monroy, expresó en La Paz que estas sociedades “son legales y que, en muchos casos, han llegado legalmente al país, a través de legalizaciones ante el Consulado y la cancillería boliviana”.
Por su parte, el director ejecutivo del estudio jurídico Von Borries Blanco, Christian von Borries, declaró que cuando se constituyen sociedades en Panamá, se envían los poderes a nombre del cliente y ese documento “lo primero que hace es ir al Consulado de Bolivia en Panamá y luego a la Cancillería en Bolivia, lo que quiere decir que en la Cancillería hay copias de esos documentos”.
Consultado al respecto, el ministro Arce dijo desconocer el tema y pidió que la Cancillería se manifieste sobre el tema.
Culpables, sin proceso
El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, insistió a las autoridades en evitar que declaren culpables de una actividad que está legalmente establecida y contemplada en las normas, antes de seguir un debido proceso.
Aseguró que estas declaraciones solo generan desconfianza por incluir al sector privado en prácticas delictivas como una presunta evasión impositiva
Fuente: El Deber
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