A tres años y nueve meses de la promulgación de la Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas (Ley 263), y tres años y dos meses de la aprobación de su reglamento, Bolivia todavía no implementó el Sistema Integrado de Información y Estadísticas.
Cuando ya corre el cuarto mes de 2016, ninguna de las cinco direcciones nacionales de Trata y Tráfico —de la Policía Boliviana, los ministerios de Justicia y de Gobierno, la Fiscalía General del Estado y del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana (ONSC)— cuenta con estadísticas sobre los casos reportados e investigados en enero, febrero y marzo.
Miércoles 7 de abril. La radioemisora Aclo Potosí reportó del rescate de Rosemary, de 12 años, desaparecida el 24 de marzo en esa ciudad.
La niña, dijo el mayor Carlos Veizaga, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), era retenida por una mujer en un domicilio de la capital departamental, donde era sometida a explotación laboral.
La Ley 263 y la Ley de Seguridad Ciudadana atribuyen, en simultáneo, al Ministerio de Gobierno, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística (INE), y al ONSC la creación de un Sistema Integrado de Información y Estadísticas que permita el registro fiable y actualizado de datos. Sin embargo, esa continúa siendo una tarea pendiente.
El Ministerio de Justicia, que encabeza el Consejo Plurinacional contra ambos crímenes, elaboró el estudio Situación del delito de trata y tráfico enfocado en la respuesta del Sistema Judicial y policial y la situación en fronteras y centros del delito, en el marco de los alcances de la Ley Nº 263.
“En el análisis —según el diagnóstico presentado al público la noche del miércoles— se puede verificar claramente la inexistencia de datos estadísticos confiables y oportunos que ayuden a conducir la lucha” frente a estos dos delitos.
Bolivia —de acuerdo con el Plan Nacional 2015-2019 que apunta a la llamada “esclavitud del siglo XXI”— es un país de origen, tránsito y destino de trata y tráfico de seres humanos, cuyos fines son fundamentalmente la explotación sexual, laboral, servicio doméstico servil, trabajo en las zafras, la minería y la mendicidad forzada.
Los departamentos donde se reporta mayor número de casos —según el programa— son La Paz, Beni, Santa Cruz y Cochabamba, donde hay evidencia de reclutamiento de menores para explotarlos sexualmente.
La captación, transporte y acogida con fines de explotación laboral se da en las zafras del oriente (castaña y caña de azúcar) y también en centros mineros del altiplano.
Se advierten —agregó— mecanismos de captación de víctimas en los departamentos de La Paz, Potosí y Oruro, y su posterior traslado a poblaciones de Beni, Pando y Santa Cruz.
El 93% de las víctimas son mujeres, quienes “son trasladadas a otros países como trabajadoras del hogar y a veces se convierten en víctimas de explotación laboral. Además se detectó una creciente demanda de varones para trabajar en las minas, agricultura o fábricas en Brasil y Argentina”.
“La demanda de bebés, niños y niñas para adopciones en el extranjero y el tráfico de órganos serían otro tipo de manifestaciones en Bolivia”, apuntó el documento consultado. Cobija, en Pando; Puerto Acosta y Desaguadero, en La Paz; Villazón, en Potosí; Bermejo y Yacuiba, en Tarija, y Puerto Quijarro, en Santa Cruz, son los puntos fronterizos (ver info) más vulnerables.
De acuerdo con estudios de la Organización de los Estados Americanos, el Estado boliviano es uno de los cinco países de Sudamérica con más casos reportados.
¿Cuál la magnitud de ambos crímenes de lesa humanidad? El país camina a ciegas. Los números aportados por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), por ejemplo, tienen como base las denuncias de desaparición. Sin embargo, hay quienes retornan a sus hogares, aunque su familia no reporta ese hecho; esta circunstancia infla el registro.
Diversos. Tras la aprobación de la Ley 263, la fuerza anticrimen registró 319 casos en 2012, 439 en 2013 y 515 en 2014.
Según la Policía, del total de denuncias sobre desaparecidos en promedio el 65% reaparece, pero el 35% de los cuadernos queda sin resolver. La mayor cantidad de desaparecidos son menores de edad, de entre 13 y 18 años.
De acuerdo con los registros de la Fiscalía General del Estado, en 2012 ingresaron 312 causas por esos y otros delitos conexos; en 2013, 216, y en 2014, 812.
Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia registró en 2014 la apertura de 184 procesos por estos crímenes, de los cuales se emitieron 11 sentencias, una de ellas absolutoria.
El balance efectuado en la investigación Situación del delito de... concluye que el ONSC —que depende de la cartera de Gobierno—no inició procesos de coordinación con entidades públicas y privadas para crear el Sistema Integrado de Información y Estadísticas.
“Tampoco ha calculado el costo que implicaría el desarrollo de esa red, el tiempo que tomaría su implementación, ni cuáles serán las instituciones que aportarán las cifras”.
El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Diego Jiménez, dio cuenta de la firma de un convenio entre la cartera de la que depende, el INE y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con ese objetivo.
“Hemos generado alrededor de 42 indicadores, y no son los que nos da la FELCC ni el Ministerio Público, son de diferente naturaleza”.
¿Por qué tomó tanto tiempo crear el registro estadístico integrado?, preguntó este diario. El viceministro sostuvo que la Ley 263 es aún “muy joven” y que las políticas públicas tienen un proceso de implementación.
“Por eso tenemos el Plan Nacional 2015-2019, y una de las tareas es levantar datos e indicadores, con apoyo del INE”.
Jiménez dejó en claro que si bien el Ministerio de Justicia centraliza toda la información, los datos operativos los tiene la repartición de Gobierno.
La Razón se comunicó con el nuevo director nacional de Trata y Tráfico de esa cartera, Marcelo Elío, exviceministro de Régimen Interior, con el fin de conocer las cifras del primer trimestre de 2016. “No hablaré con la prensa y no tengo ninguna información que dar”, dijo y colgó el teléfono móvil.
Testimonios
Joven de 19 años: ‘Me llevaron a un burdel’
“Soy de Beni y vine por motivo de trabajo (a Santa Cruz), pero no me fue bien. Me engañaron, me dijeron que podía trabajar como azafata en la Fexpocruz; pero cuando llegué, me llevaron a un burdel y trabajé de prostituta. El dueño me hacía atender a clientes de todo tipo, trabajaba hasta la madrugada y de día en un alojamiento.
Niña de 11 años: ‘Me hacían lavar ollas’
Cuando tenía 10 años, mi mamá me llevó a El Alto y pensé que iba a entrar a la escuela, pero me dejó en una pensión; yo no sabía qué era trabajo. La señora (dueña de la pensión) me hacía lavar ollas grandes, pelaba papa y habas, todo el día ayudaba, me cansaba mucho; yo quería volver a mi pueblo (Licoma) y estar con mi mamá’.
Adolescente de 17 años: ‘Trabajé en un boliche’
Soy de Yucumo, me fui a Riberalta y trabajé en un alojamiento en (el área de) limpieza. Ahí conocí a un hombre que me ofreció trabajo en La Paz, con un buen sueldo, también en limpieza pero en un hotel. Acepté y me vine, sin embargo el trabajo era en un boliche y debía atender a hombres todas las noches. Tenía que tomar y fumar.
Joven de 18 años: ‘Me escapé con mi novio’
Soy de Puerto Suárez, tenía cortejo (novio) que decía que me quería y me escapé de mi casa con él. Acepté trabajar en un bar, pero todo lo que ganaba era para él, que también engañó a otras chicas. Me decía que el dinero era para cuando nos casemos. Un día llegó una chica que me dijo la verdad, él no lo negó, dijo que debía mantenerlo.
Fuente: La Razón
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