La corrupción no para en Brasil, mientras Dilma Rousseff intenta atajar la furia social. Un nuevo escándalo de corrupción estalló ayer en Brasil con una estafa millonaria en la Caixa Económica Federal (CEF), el segundo mayor banco público, justamente al cumplirse un año de la investigación del caso Petrobras, eje de la crisis política del segundo mandato de Rousseff.
La Policía brasileña desarticuló ayer una red acusada de haber desviado cerca de 100 millones de reales (unos $us 31,2 millones) de la estatal Caixa Económica Federal, lo que aumentó la presión sobre el Gobierno en el combate a la corrupción.
La operación para desmontar la red enquistada en la entidad coincide con el primer aniversario de la bautizada como operación Lava Jato, la cual desenmascara desde hace un año la compleja red delictiva instaurada en la petrolera de la que formaban parte empresas de la construcción, ejecutivos y políticos.
Baja popularidad
La corrupción ha golpeado fuertemente la popularidad de la mandataria, que se encuentra en su nivel más bajo desde que asumió el poder en 2011, y también fue el principal motivo de las protestas que el domingo llevaron a las calles a cerca de dos millones de personas en todo el país, de acuerdo con una encuesta del diario Folha de San Pablo.
De acuerdo con el sondeo del Instituto Datafolha, después de la corrupción, el segundo motivo para protestar en la manifestación de la ciudad de San Pablo, la más masiva, fue con un 27% la destitución de la presidenta, quien asumió su segundo mandato el pasado 1 de enero.
Buscando el diálogo
En medio de este escenario, Rousseff prometió el lunes un paquete de medidas para intensificar el combate a este tipo de delito, aunque insistió que su Gobierno ha sido el que más ha enfrentado esta lacra en los últimos años.
Once personas han sido condenadas y otras 82 son juzgadas en el marco de la investigación por la corrupción en Petrobras, mientras que la Corte Suprema autorizó a investigar a 50 políticos con fuero privilegiado, entre los que se encuentran los dos jefes del Legislativo y cinco exministros de la presidenta.
Los escándalos de corrupción en Petrobras y otras entidades pusieron en jaque al sistema político brasileño y generaron una fragmentación en el Congreso que podría dificultar la aprobación del ajuste fiscal propuesto por el Gobierno para equilibrar las maltrechas cuentas públicas
Fuente Informativa: El Deber
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